Con preocupación pero sin asombro escuchamos el viernes último, en el marco del discurso inaugural de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, a la Presidenta decir que iba a enviar varios proyectos de ley a la Legislatura para llevar adelante la democratización de la Justicia.
Sin asombro digo pues quien viene siguiendo el hilo discursivo y fáctico de los últimos actos del Gobierno nacional no podemos decir que no avisó.
Quizá cree realmente en esa máxima falaz “quien avisa no traiciona” y si algo hizo esta presidenta fue advertir que iban por todo.
Igual así obtuvo mayoría abrumadora en las últimas elecciones.
Y con preocupación (porque quien advierte por intuición y experiencia lo que esto trae bajo ese nombre) percibimos el futuro avasallamiento al único poder del Estado que le falta tomar por asalto a este gobierno.
Cuando algún proyecto o idea es anticipado en su nombre con la calificación de democratización ya sabemos en este pedazo de la tierra que quiere decir todo lo contrario.
El absolutismo del modelo kirchnerista no deja lugar a dudas que este intento de legislar sobre el Poder Judicial es liza y llanamente la voluntad totalitaria de acabar definitivamente con la república y el estado de derecho.
La república como tal se sostiene en el equilibrio sistémico de pesos y contrapesos que establece la existencia de los tres poderes del Estado, cuando uno pierde peso gana peso otro y cuando solo uno tiene peso desaparece la república.
La Constitución Nacional, siguiendo las teorías reformistas de la Revolución Francesa, establece derechos y garantías. Derechos y garantías que se levantan ante los posibles abusos del Estado, el ejercicio de esos derechos se regula mediante la acción del Poder Legislativo y los abusos sobre esos derechos se corrigen con la intervención del Poder Judicial. No hay equilibrio si no hay independencia entre los tres poderes.
Cuando el totalitarismo se adueña de la política, cuando el discurso único domina el ámbito de la dialéctica política, los derechos y garantías se vuelven meros e inocuos anunciados.
Otros países en otros tiempos transitaron ese camino y se apoderó de ellos el miedo y el terror. Es característica de los gobiernos de facto de todos los países del mundo la clausura de los parlamentos y la intervención del Poder Judicial.
El Estado argentino adoptó la forma republicana desde la constitución de 1853 y fijó para los tiempos las condiciones de legalidad de la vida de los ciudadanos en esta tierra; no podemos aceptar el avasallamiento a este principio que hace a la génesis de la libertad del hombre para protegerlo del abuso del estado absolutista. No podemos permitir este atropello.
Por gracia divina del sistema democrático también la república establece la alternancia en el poder y la elección de los representantes del pueblo cada dos años. Es ese un anticuerpo para los virus que atacan el nervio mismo de la democracia.
Dentro de seis meses hay elecciones, vacunémonos a tiempo.
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