El gobierno de Javier Milei confirmó este viernes la eliminación de fondos fiduciarios por 2000 millones de dólares. “Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios. Entendemos que carecen de transparencia y son parte de lo que denominamos cajas de la política”, anunció el portavoz Manuel Adorni.
El vocero presidencial sostuvo que esa caja representa “cerca de medio punto del PBI, en torno a los 2 mil millones de dólares”. “Vamos a terminar con estas cajas. Apelamos a que la política entienda que la transparencia tiene que estar por encima de todo”, planteó.
Javier Milei había adelantado este martes, en una entrevista televisiva, su decisión de avanzar sobre la eliminación de estos fondos que representan, en total, una masa de recursos cercana a los $ 3 billones.
“Voy a hacer un decreto que elimine todos los fideicomisos, eso pone nervioso a muchos”, disparó el Presidente el miércoles por la noche en una entrevista. El Gobierno retomó la ofensiva después de la caída de la ley Ómnibus en el Congreso y el conflicto que estalló con los gobernadores la semana pasada. Uno de los puntos que trabó la aprobación fue el inciso “h” del artículo 4° del proyecto que le daba a Milei la facultad de “transformar, modificar, unificar o eliminar asignaciones específicas, fideicomisos o fondos fiduciarios públicos”.
En su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada, Adorni confirmó la medida y consideró que “es llamativo cómo la política no está de acuerdo en transparentar fondos millonarios que nadie sabe bien para qué y cómo se utilizan”.
“Incluso hay cosas para ver como que alguna persona que maneja los fondos termina siendo candidato a presidente, por poner una hipótesis vaga de lo que puede ocurrir con estos fondos”, sostuvo el funcionario nacional.
Prácticamente, todas las administraciones echaron mano -o intentaron- sobre los fondos fiduciarios o fideicomisos. La razón es su poca transparencia, la falta de objetivos específicos y que en algunos casos terminaron funcionando como un mecanismo para apartar fondos públicos del debate parlamentario en detrimento de otras partidas, según los especialistas.
Los primeros fueron creados en 1995 durante la gestión de Carlos Menem. Luego, se sumaron los fondos financiados con la transferencia directa de fondos del Tesoro o a creación de un impuesto y la cesión de su recaudación para un fin específico (obra pública en infraestructura o vivienda, subsidios), mientras que hoy predominan aquellos que son financiados con transferencias de fondos del presupuesto de la administración nacional.
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