El Gobierno de Javier Milei, luego de delegar en la Jefatura de Gabinete la posibilidad de intervenir los medios públicos y en línea con sus promesas de campaña, intervino por un año Radio Nacional, Télam, TV Pública y otros medios públicos con el fin de realizar una auditoría. La medida fue adoptada a través de un decreto firmado por el Presidente y plasmado en las últimas horas en el Boletín Oficial, allanándose de esta manera el camino hacia la privatización de los medios en manos del Estado.
A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 111/2024, el Gobierno dispuso la intervención de Edu.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos, que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar.
Tras ganar el balotaje frente a Sergio Massa, Milei había ratificado su expresa voluntad de privatizar estas empresas, a las que llegó a definir como “un mecanismo de propaganda”, sobre todo la TV Pública, bajo su lema “todo lo que pueda estar en las manos del sector privado, va a estar en las manos del sector privado”.
El objetivo de esta intervención, según el oficialismo, tiene varios ejes; entre ellos, “reformular y readecuar las sociedades, evaluar o modificar el personal o aprobar un nuevo Estatuto, evaluar o modificar el régimen de administración de fondos, ampliando o reduciendo las partidas presupuestarias, modificar las contrataciones y la estructura de personal, y disponer de una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones”. Además, el Gobierno será el encargado de “presentar una rendición de cuentas, designar funcionarios y personal y encargarse de mantener la sustentabilidad de las empresas”.
El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto es Diego Sebastián Marías, aunque funcionarán bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete, comandado por Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una única vez.
La ley ómnibus, que obtuvo el viernes la aprobación en general en Diputados, contiene un listado de empresas públicas factibles de ser vendidas: todos estos medios públicos se encuentran en la lista.
Asimismo, durante diciembre de 2023, la TV Pública comenzó a depender del jefe de Gabinete, que tiene atribuciones para “intervenir en los planes de acción y los presupuestos de las sociedades del Estado” y también “en su intervención, liquidación, cierre, privatización, fusión, disolución o centralización”.
De esta forma, el Gobierno comenzó a allanar el camino hacia la posible privatización, medida que fue prometida en campaña política por Javier Milei.
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