La fiscal Betina Lacki reabrió ayer la investigación sobre Julio “Chocolate” Rigau al ordenar una batería de medidas de prueba, entre las que se destaca el peritaje del teléfono celular del puntero del PJ, previsto para el 15 de octubre. Además, le pidió más informes a la Cámara de Diputados, al Banco Provincia, y citó a declarar a los dueños de la tarjetas que todavía no pasaron por la Fiscalía.
Lacki retomó la investigación tras la apelación que hizo el fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, contra el fallo de la Cámara de Apelaciones que había anulado el caso. La fiscal consideró que el recurso suspende los efectos de esa escandalosa resolución, por lo que la causa puede seguir su curso. “Conforme lo establecido por el art. 431 del CPP lo recursos interpuestos poseen efecto suspensivo, salvo en tanto disponen la libertad del imputado y, la doctrina y la jurisprudencia resulta conteste en tal sentido”, sostuvo. La investigación se frenó hace dos semanas cuando la Cámara de Apelaciones, con el voto de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Gustavo Villordo, ordenó liberar a Chocolate y anuló la causa argumentando que había sido detenido de manera ilegal. Ahora está en manos de la Cámara de Casación.
La fiscal no esperó una definición de Casación y hoy avanzó con una batería de medidas. En esa resolución, a la que tuvo acceso Infobae, se destaca la pericia del celular marca Samsung que le secuestraron a Rigau el día de su detención. Lacki pidió que se realice “un análisis técnico completo y detallado del contenido del aparato, informando resultado de la agenda telefónica, videos, imágenes y comunicaciones entrantes y salientes así como cualquier otro dato de interés” para la causa.
También ordenó que sigan declarando los dueños de las 48 tarjetas de débito que tenía el puntero del PJ. Cuando se detuvo la causa, ya habían declarado 16 de esas personas. Las testimoniales se retomarán el 18 de octubre y hay audiencias previstas hasta el 13 de noviembre.
Infobae reveló que la mayoría de los que ya declararon aseguraron que lo conocían a Rigau, y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta. “Es inverosímil todo lo que dicen”, admitió una fuente judicial.
“Yo le di la tarjeta para que me hiciera un retiro, cada dos por tres le daba la tarjeta, era más cómodo, de todos modos le devolví la tarjeta y el ticket con la plata”, aseguró Diego Köster (68), quien dijo ser empleado de la construcción y afirmó cumplir tareas en la Legislatura de lunes a viernes de 8 a 13. Cobraba entre 560.000 y 570.000 pesos.
Otra de las empleadas que declaró ante la Justicia, Lourdes Degollada (50), dijo ser empleada en un depósito de la Cámara de Diputados ubicado en la calle 70, entre 4 y 5 de La Plata, donde solo tenía que cumplir unas 30 horas semanales. También ensayó la teoría de la entrega “voluntaria” de la tarjeta y habló de colaboraciones para un merendero que tendría el puntero del PJ.
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