El juez federal Julián Ercolini ordenó este viernes la inhibición general de bienes a los ex gobernadores de Santa Cruz, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta, en una causa que investiga el direccionamiento de la obra pública en esa provincia a favor del detenido Lázaro Báez.
La medida incluyó el “bloqueo al acceso a las cajas de seguridad que pudieran registrar a su nombre”, según la resolución del juez.
La inhibición se dispuso también contra otros investigados en la causa, como la ex procuradora del Tesoro de la Nación en el kirchnerismo, Angelina Abbona.
Ercolini debe aún resolver un pedido para citar a todos a declaración indagatoria hecho por los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, algo que hará más adelante.
No obstante, en lo inmediato dispuso la inhibición general de bienes para todos los imputados y el bloqueo de acceso a cajas de seguridad.
El juez entendió que la inhibición debe disponerse “para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir producto o el provecho del delito bajo pesquisa”, según la resolución.
Los tres ex gobernadores, Abbona y otros imputados tienen pedido de indagatoria de la fiscalía porque se considera que “desde la estructura burocrática de la provincia de Santa Cruz, pusieron a disposición de la maniobra sus facultades públicas y contribuyeron -por acción u omisión- al plan criminal que se decantaba desde la cúspide del Poder Ejecutivo Nacional”.
El pedido se hizo en la causa donde ya fueron enviados a juicio oral por “asociación ilícita” y otros delitos la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los detenidos,el ex ministro de Planificación Julio De Vido; su ex segundo, José López, y Báez, entre otros procesados.
En total, se pidió citar a 36 acusados.
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