Mendoza: hallaron pornografía infantil a los curas acusados por abusos

Durante la audiencia que se llevó a cabo para determinar si los imputados por abuso sexual de menores en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza seguirán con prisión preventiva, ayer se conoció que tres de los cinco involucrados tenían en su poder pornografía infantil.
La nueva prueba complica a los sacerdotes Nicola Corradi (82) y Horacio Corbacho (50) y al empleado administrativo José Luis Ojeda (41). Aún no se pudo determinar si las imágenes encontradas pertenecen a las víctimas o si fueron descargadas a través de la red.
Los trabajos de la División de Delitos Tecnológicos permitieron saber que, en una valija negra que ocultaba en su habitación, el sacerdote Corbacho guardaba 357 CD. Otros 37 discos y negativos fotográficos se encontraron en un sobre.
Por su parte, Ojeda —el empleado que, al igual que los alumnos del Próvolo, es hipoacúsico—, tenía en su poder un rollo fotográfico y tres negativos con material pornográfico que involucraría a menores. Además, otros tres negativos fueron hallados en la habitación del sacerdote Corradi.
Según publicó el diario mendocino El Sol, todos estos elementos fueron tomados en cuenta por la Unidad Fiscal de Maipú-Luján para oponerse a la liberación de los acusados.
Durante la audiencia, la querella que representa a las familias de las víctimas solicitó a la jueza de Garantías Alejandra Alonso que los detenidos permanezcan presos hasta llegar al juicio. La resolución de la magistrada todavía no se dio a conocer.
Además de Corbacho, Ojeda y Corradi (quien fue beneficiado con prisión domiciliaria por su avanzada edad y su delicado estado de salud), están detenidos en la causa Jorge Bordón (50) y Armando Gómez (46), empleados del colegio.
Hoy la fiscal Alonso da a conocer si los cinco imputados continúan detenidos o esperan el inicio del juicio en libertad.
Luego de que el gobierno de la provincia de Mendoza suspendiera este lunes al Instituto Antonio Próvolo para chicos sordos e hipoacúsicos hasta que haya sentencia, los padres de algunos alumnos se manifestaron en contra de la decisión al considerar que no existen instituciones que ofrezcan una formación similar. Tras conocerse los casos de violaciones, unos 30 estudiantes abandonaron, por lo que otros 80 comenzarían las clases en marzo.