Controles, infraestructura, y micros, los principales ejes de la Audiencia Pública

Las picadas de motos, los ruidos molestos por escape libre y los disturbios provocados por los grupos de jóvenes desataron la polémica. Y anoche se realizó la Audiencia Pública para tratar la problemática, convocada luego de las imágenes captadas por TeleJunín y difundidas por DEMOCRACIA que sacaron a la luz el peligro que azota las calles en la madrugada.
Con un Salón Rojo colmado, la Audiencia que forma parte del debate para declarar la Emergencia Vial en la Ciudad arrancó unos minutos después de las 20. Patricio Fay, titular del Concejo Deliberante presidió la Audiencia Pública, secundado por Gastón Ronda, secretario de la legislatura local. Tras la lectura del reglamento general, las autoridades del Concejo dieron inicio a las exposiciones de los cincuenta y nueve oradores, según el orden en que se anotaron.
El primer vecino en hablar fue Ángel Luis Norese, quien arrancó su exposición con un pedido contundente: “quiero que mis derechos sean respetados como yo respeto el de los vecinos”, dijo.
Norese, entre las problemáticas que giran en torno a la circulación de motos durante la noche, apuntó al “horario de apertura y cierre de los boliches” y la circulación de motociclistas “sin casco, sin luz, jóvenes, jovencitas que hacen willy y se suben a las veredas”. También pidió el cumplimiento y la aplicación de “la ordenanza 5790 que prohíbe el uso del escape libre”. Norese, dijo además que un problema con los controles de la Agencia de Seguridad Vial es “la falta de personal”. Y concluyó: “150 personas nos perturban a 100 mil habitantes”.
El siguiente en hablar fue Fernando Vicenzi, quien coincidió en parte con lo expuesto por su predecesor, y apuntó a la educación de los conductores. “La gente cuando es detenida agrede a los agentes de tránsito. Los motociclistas tienen que saber que las libertades de uno terminan donde empiezan los demás”, dijo el vecino.
Vicenzi también pidió por el cumplimiento de una ordenanza vigente. En este caso, se refirió a la 6209, que establece un “registro de los que comercializan motocicletas”. Sobre este tema, dijo que hay casos en los que los rodados “se pagan en cuotas con la retención de la documentación”, por lo que hay circulando motos sin patente, sin papeles y sin casco.
Sobre los operativos realizados sobre la avenida San Martín para prevenir las picadas de motos, Vicenzi dijo que “se beneficia solamente a quienes se encuentran en dicha arteria” y que entonces las picadas se trasladan a otras como Pastor Bauman y Avenida de Circunvalación.
El tercero en hablar fue Juan Agustín García, un vecino que vive sobre avenida San Martín y dio una detallada descripción sobre el problema de las picadas. “Empezó en 2006”, dijo y explicó que desde entonces escuchan todas las noches “escapes libres, picadas hasta las 4 de la mañana”. El vecino, dijo que “luego de un fuerte reclamo colocaron luces y cámaras en la Plaza Milenio y el problema se trasladó a la Plaza Árabe, frente a nuestras casas”, dijo.
“Esto conlleva a otro tipo de cosas como prostitución y venta de todo tipo de porquerías. Es imposible descansar. Estacionan las motos sobre las veredas y al día siguiente aparecen botellas rotas, profilácticos. Dejan mucha suciedad”, afirmó García. “Es agravante y doloroso. No se puede vivir de la manera en que vivimos”, sentenció.
A continuación, tomó la palabra el ex concejal y dirigente del Frente Progresista Cívico y Social (FPCS) José María Banfi, quien dio una estadística pormenorizada sobre la gravedad de los siniestros viales en Junín.
Entre los datos que destacó, tomados a partir de dialogar con el presidente de la empresa de emergencias Intermed, dijo que al año hay 800 accidentes en la vía pública (promedio 4,93 por día), más de 2400 personas accidentadas, más de 20 fallecidos, innumerable cantidad de heridos con secuelas permanentes. Además señaló que el 90% de los accidentes involucraron a ciclomotores, y el 80% de ellos fueron accidentes graves y el 50% fue con riesgo de vida para los involucrados.
“La emergencia vial debe declararse para contribuir a minimizar estas cifras que acarrean consecuencias dramáticas para las víctimas, sus familias y la sociedad toda”, dijo el dirigente del FPCyS. “Pensemos por un momento que tenemos muchos más fallecidos por accidentes de tránsito que por homicidios a consecuencia de la inseguridad, el otro gran flagelo que tenemos todos los argentinos”, afirmó.
Banfi propuso cuatro acciones para solucionar el problema. Entre ellas “tareas de educación y concientización permanente y sistemática que incluya a la mayor cantidad posible de instituciones (...) dotación de infraestructura vial urbana: sendas peatonales, semáforos para peatones, cartelería y señalética vertical y horizontal, conos de visibilidad en intersecciones conflictivas, espejos parabólicos; continuar con las tareas de control de la agencia de seguridad vial: pero esta medida no alcanza si no va acompañada de las tareas de educación y concientización preventiva” y la creación de un sistema de “transporte público de pasajeros”, que “no solo es necesario sino que también es posible”.
El problema del tránsito lo viven también quienes trabajan todos los días en la ciudad y utilizan los vehículos como herramienta laboral. Un ejemplo de ello es el caso de Esmeralda Piedrabuena, quien reparte las comidas que hace en su rotisería. Antes de la Audiencia Pública, dialogó con DEMOCRACIA sobre lo que iba a exponer. “Una propuesta es que las motos salgan de los concesionarios patentadas, con casco y seguro”, dijo, pero advirtió que “la infraestructura que tenemos es conocida, tenemos 50 mil autos, 50 mil motos y la ciudad ya no tiene capacidad para tener esta cantidad de vehículos”, dijo y además pidió la implementación de un sistema de transporte público para solucionar el problema de la gente que vive en la periferia “sobretodo los abuelos” que están obligados a tomarse un taxi o remís.
Entre los oradores también hicieron su presentación el director del Hospital Piñeyro, Claudio Ricasoli, y la directora asociada Cristina Tejo, quienes encararon la problemática desde la óptica de la salud.
“Los siniestros viales son la principal causa de muerte en menores de 45 años”, deslizó Tejo, para luego apuntar directo al intendente: “lo eligieron para que solucione los problemas, no para que haga oídos sordos. Que actúe y que gestione”, pidió.
En tanto, Ricasoli hizo hincapié en el costo económico que implica cada siniestro, y comentó que cada “herido leve”, que puede sufrir un politraumatismo y por lo tanto debe someterse a una tomografía, “le cuesta al hospital entre cinco y seis mil pesos por accidentado”. Y si se trata de “un accidente grave que requiere una neurocirugía, con internación en terapia, significa un costo de entre 50 y 60 mil pesos” por cada caso.
“En 2008 el diario DEMOCRACIA me hizo una nota sobre la cantidad de accidentes que había por día. En ese momento eran entre seis y ocho. En 2013 fueron quince”, añadió.
Sobre el último tramo de la audiencia, el titular de la Agencia de Seguridad Vial Daniel Kelly, hizo su presentación con foco en “funcionamiento de la agencia, la prevención por controles, concientización y educación” y dijo que durante este año reforzarán todo lo relacionado a la educación, continuarán con los cursos sobre educación vial y la posibilidad de condonar multas por infracciones con la asistencia a la capacitación, además de brindarla para quienes saquen o renueven la licencia de conducir.
El final estuvo marcado por los cruces verbales entre distintas facciones políticas. Al terminar el discurso de Kelly,  el presidente del Concejo Deliberante debió intervenir para apaciguar los ánimos.
El último en hablar fue el secretario de Gobierno Mauro Gorer, quien hizo hincapié en la “falta de colaboración de los gobiernos nacional y provincial en la seguridad vial”. Luego, estaba previsto un debate que no pudo concretarse por los cruces mantenidos entre las distintas facciones.