Desde la Oficina de Defensa al Consumidor esperan instrucciones para hacer seguimiento de precios

Mientras el gobierno nacional sigue intentando controlar la suba de precios, acordando con distintos sectores poner freno a una estampida inflacionaria, en el orden local continúa la escalada de los precios.
Al ser consultado por DEMOCRACIA sobre la situación planteada, Claudio Squadrito, a cargo de la Oficina Municipal de Defensa al Consumidor, expresó: «Lo que tenemos presente es lo que se está publicando a nivel nacional. Los acuerdos los están realizando el gobierno nacional con diversas cámaras de productores o supermercadistas».
«En definitiva a nivel local no se suscribió ningún tipo de convenio con el gobierno nacional, de acuerdo a lo que me han informado desde asesoría legal; en cuanto a aplicar un tipo de normativa específica, salvo las leyes vigentes que se vienen aplicando hasta ahora, no hay nada más».
Respecto a la reunión que tuvo el gobierno nacional con los intendentes o representantes de intendentes del interior provincial, dijo que luego de la misma «no hubo ningún tipo de accesorio de lo que se habló en un primer momento del seguimiento de precios que se va a hacer».

A la espera
de instructivo

De acuerdo a lo expuesto, la semana pasada se le informó a Squadrito que la Dirección Provincial de Comercio, organismo de aplicación de la provincia de Buenos Aires, le iba a enviar un instructivo para hacer un seguimiento de precios, ya sea vía mail o correo, pero hasta el viernes último no recibió nada.

Qué se puede hacer

Ante la pregunta de qué se podía hacer para frenar la estampida de precios, desde la Oficina de Defensa al Consumidor, el entrevistado expresó: «la jurisdicción de la oficina es dentro del partido de Junín, y en esta jurisdicción se puede seguir aplicando las atribuciones que se confieren por ley. La ley nacional de Defensa al Consumidor Nº 24.240, y un código de implementación en la provincia de Buenos Aires por el cual la provincia delega facultades en los municipios, y dentro de las facultades que tiene la municipalidad en ese caso son las atribuídas por la normativa vigente ‘anterior’ a este tipo de acuerdo que el gobierno nacional ha realizado».
«Dentro de esas atribuciones, lo que podemos hacer en algunos casos es actuar de oficio, y en otros casos, en la mayoría, se hace a través de denuncia por escrito en la oficina», manifestó.
A la pregunta de cómo se actuaba desde la Oficina cuando un cliente denunciaba que un producto tenía un precio muy excesivo, Squadrito dijo: «no podemos hacer ningún tipo de infracción, no hay ningún tipo de infracción a la normativa vigente porque no hay tope de precios, los precios los fija el mercado».
Consultado sobre el tema de los productos de segunda marca, de menor calidad, y por eso de menor precio, y si había algún tipo de control de salubridad, el funcionario dijo que se suponía que en esos casos debían estar controlados por el organismo específico, de salubridad, de bro-matología.
«A nivel local actúa Bromatología, que lo puede hacer en base a denuncia o por algún control de cabina sanitaria. En ese caso sí, se deben respetar otras cuestiones que están amparadas por la ley, pautas para la publicidad, respeto por la oferta, las referentes a fallas de fabricación, cumplimiento de la cadena de frío en caso de ser productos alimenticios, y en aquellos casos que originan un perjuicio en la salud de población, se actúa desde la Oficia de Defensa del Consumidor», señaló.

Consumidores

Desde las entidades que defienden los derechos de los consumidores levantaron la voz contra los acuerdos de precios que busca el Gobierno para frenar el alza de precios.
En el orden nacional, Sandra González, de Adecua, cuestionó la política oficial al sostener que «hay nuevos aumentos» en los productos que ofertan los supermercados, pese a los acuerdos que anudó la Casa Rosada y que están próximos a expirar. «Pese a los acuerdos de diciembre, hubo productos que registraron aumentos», señaló y cuestionó que los acuerdos no apuntan a productos de «consumo masivo».
«Los acuerdos son revisados cada dos meses, pero no se refieren a artículos de consumo masivo. Son sumamente complicados este tipo de acuerdos, buscarlos todos los días.
Los precios ya están impuestos», aseguró. González cuestionó que los entendimientos sólo se circunscriben a 4 o 5 productos. «Nos quieren cambiar el hábito de consumo, porque los productos (sobre los que se fija el precio) no son de consumo masivo».