El femicidio de Úrsula Bahillo, que ocurrió en Rojas el 8 de febrero de este año, no solo conmovió de manera pocas veces vista al país, sino que también marcó un punto de inflexión en la Región y en nuestra localidad. La trascendencia que adquirió el caso producido en la vecina localidad puso de manifiesto una realidad y generó precaución y toma de conciencia en mujeres, que ahora se animan a denunciar sus padecimientos.
En la Comisaría de la Mujer de nuestra ciudad hay “un crecimiento exponencial de las denuncias, sobre todo después del caso Úrsula”, según lo que explica el secretario de Seguridad municipal, Andrés Rosa. Antes de ese hecho, en dicha dependencia se registraban de siete a diez denuncias por día y, luego del femicidio de la joven de Rojas, el número de presentaciones diarias llega a 17 y hasta aún más.
“Por momentos está todo desbordado -admite Rosa- y este caso, con tanta repercusión e impacto, hizo que se duplicara la cantidad de denuncias”.
Las consecuencias de este escenario tan complejo también se ven en la Justicia. Esto quedó demostrado en el encuentro que mantuvieron funcionarios municipales del área de Seguridad con integrantes de la Cámara Penal y jueces de garantías, cuando los representantes judiciales señalaron que entre un 70 y un 80 por ciento de sus causas tienen que ver con la violencia de género e intrafamiliar. Esto genera tal sobrecarga en los Tribunales que actualmente se están fijando audiencias de debate para octubre de 2022 y en un mes más ya las van estar programando para 2023. “Evidentemente, estamos ante un tema muy preocupante”, insiste Rosa.
Falta de recursos
Además de la difícil situación socioeconómica, un tema central es el déficit en los recursos humanos y edilicios.
La activista feminista Marta Breme, referente de grupos de apoyo y acompañamiento a mujeres y miembro de la Unidad de Género del HIGA, remarca que “el contexto de pandemia también hizo recrudecer esta cuestión” y, en ese marco, recuerda que “ahora se volvió a reunir la Mesa de Violencia, pero durante mucho tiempo estuvo ‘muy apagada’ y tenemos una Dirección de Género que tiene un presupuesto insuficiente y se ve que no está activa”.
En efecto, de acuerdo con el Presupuesto 2021 aprobado por el Concejo Deliberante, a la Dirección de Género se le asignaron menos de $2,7 millones, un monto que no alcanza al 1% de los más de $305 millones estipulados para la Secretaría de Desarrollo Social, de la que depende esta oficina. En tanto, para el mismo año se le adjudicaron ocho millones de pesos a la Dirección de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, es decir, apenas el 2,6% del total de la secretaría.
En esto se basan los reclamos que indican que esta problemática no es una prioridad.
Otra preocupación es el sitio donde está emplazada la Comisaría de la Mujer. “Les hemos transmitido a los miembros del Ministerio de Seguridad de la Provincia la necesidad de poder contar con un espacio adecuado, ese es un déficit que debe ser tenido en cuenta”, señala Rosa.
Por su parte, Breme califica como “deplorable” esa dependencia: “Una mujer va a denunciar algo y entra el violento y está a dos metros, se escucha todo lo que se está diciendo, por eso se está pidiendo un lugar apropiado”.
También hay quejas porque sigue sin abrir oficialmente el Hogar de Protección Integral para Mujeres Víctimas de Violencia.
La pata judicial
Otro aspecto para tener en cuenta es el abordaje judicial.
“La Justicia tiene que empezar a mirar qué pasa con el varón violento, porque las mujeres hacen la denuncia, se toman medidas y después no se sabe lo que pasa con ese sujeto”, asevera Breme. Y luego profundiza: “Las mujeres pueden tener el botón antipánico y el sistema dual, pero no hay muchos. Y si bien son herramientas que vamos tomando, en definitiva, terminan poniendo a las mujeres en un lugar de miedo, porque muchas veces el sujeto juega con ese límite que le da el perímetro, pasa un poquito y no llega a acercarse, pero genera una situación de amenaza y la mujer vive aterrada, en un estado de alerta permanente, aun teniendo todos estos instrumentos”.
Desde las organizaciones feministas consideran, además, que falta una Justicia con perspectiva de género, algo en lo que Rosa no cree. “Se ha evolucionado mucho, hay permanentemente capacitaciones, no me parece que pase por ahí, por lo menos en lo que veo en el Departamento Judicial de Junín”, sostiene el funcionario comunal, para luego añadir: “Si vemos que se están fijando audiencias para dentro de un año y medio o más, quiere decir que tenemos un serio problema ahí. Tenemos cuatro fiscales, de los nueve que tendríamos que tener, tampoco tenemos una fiscalía temática y esos son problemas de la política”.
Qué hacer
Para el secretario de Seguridad, este es un tema que hay que abordar en dos dimensiones: a largo y a corto plazo. La primera “tiene que ver con que se cumpla efectivamente con la Educación Sexual Integral (ESI), algo que se aprobó en el 2006 como una política de Estado, pero que todavía no llega”. El funcionario comunal considera que esto es útil para “deconstruir el machismo que nos atraviesa a todos”, así como también es indispensable “trabajar mucho en los noviazgos violentos, entre otras situaciones”.
En cuanto al corto plazo, Rosa hace referencia a “los presupuestos del estado” fundamentalmente para el monitoreo de los violentos: “En la Comisaría de la Mujer me informan que un 50% de los denunciados son reincidentes, es gente que conoce porque se las denuncia varias veces. Por eso se necesitan recursos y las tobilleras, que son dispositivos que vienen demostrando efectividad, a diferencia del botón antipánico que a veces la víctima no lo puede accionar o cuando lo hizo ya era tarde”.
Finalmente, Breme opina que el caso Úrsula evidencia una situación que está, en muchos casos, invisibilizada: “En esto hay una gran responsabilidad de los varones, que deben deconstruirse y dejar de sostener un sistema que también los destruye a ellos muchas veces, tienen que hacerse cargo de la parte que les toca”.
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