Impulsan promoción de la economía social

La Federación de Asociaciones de Microcrédito y Economía Social de Argentina -Famesa- se encuentra conformada por organizaciones que, con sus singularidades y experiencias, se reconocen como entidades para el desarrollo con una larga experiencia y trayectoria.
La asociación civil “Colectivo Juana Azurduy” integra dicha Federación mediante una de sus miembros, Virginia González, y este mes participó en la jornada de debate del proyecto de ley nacional que propone la promoción de la economía popular, social y solidaria.
González contó que el Colectivo fue creado con el objetivo de apoyar y profundizar las políticas públicas del gobierno nacional a la vez de expresar el trabajo de promoción de cientos de organizaciones y expresiones organizativas del sector, a lo largo de todo el país.

Una sanción "necesaria"
“Consideramos necesaria la sanción de una ley nacional de promoción de la economía popular,  social y solidaria que dé continuidad a estas políticas y reconozca la diversidad del sujeto de la economía social como sujeto de derechos y protagonista activo en el modelo de desarrollo con inclusión”, destacó la concejal del bloque “Junín para la Victoria”.
También agregó que “en ese contexto hemos trabajado en una propuesta de anteproyecto de ley de promoción, junto a otras expresiones sociales y políticas, recogiendo las experiencias legislativas vigentes a lo largo de todo el país.”
Ese documento fue presentado días atrás en una jornada en el Congreso Nacional, donde Virginia González estuvo presente.

El contenido del anteproyecto
Al respecto, la dirigente explicó: “El proyecto de ley establece un régimen de promoción para el conjunto de actividades desarrolladas en el marco de la economía popular, social y solidaria; define al sujeto de la economía popular, social y solidaria como un sujeto diverso, a quien le reconoce su derecho a un régimen impositivo y tarifario de promoción de sus actividades, a la seguridad social, a la cobertura de riesgos del trabajo y de enfermedades y accidentes, al financiamiento, a la formación y la tecnología, y al compre del Estado, entre otros derechos; crea un consejo federal que tendrá a su cargo la elaboración de las políticas públicas hacia el sector, mediante un Programa Nacional de Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria y un  Fondo Nacional para el sector”.