Fuerte rechazo de los productores de la Región a las retenciones segmentadas

El lunes último, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció una compensación para pequeños productores ruralistas, mediante la segmentación de retenciones, o sea el reintegro de lo que se les cobra cuando van a vender el cereal cosechado.
El proyecto, consensuado con la cúpula nacional de la Federación Agraria Argentina (FAA), incluye que se devuelva el 100% del pago a quienes producen en las escalas más bajas de hasta 700 toneladas al año, a través de un mecanismo bancario con un plazo de devolución a por lo menos 30 días de que se realice la presentación de la venta por parte del productor.
Pero el plan del Poder Ejecutivo sembró mucho más escepticismo y descalificación que entusiasmo entre los trabajadores de campo.
Distintos exponentes del sector, radicados algunos en Junín y otros con representación en una amplia jurisdicción que abarca toda la Región, calificaron el proyecto como “un maquillaje político”, “otra mentira”, un “parche transitorio” y “un engaña pichanga”, entre otras consideraciones.

Maquillaje de fin de ciclo
Uno de los consultados por Democracia fue Rodrigo Esponda, presidente de la Sociedad Rural de Junín, cuyo criterio es visceral y definido: “Estamos convencidos de que este anuncio es maquillaje de fin de ciclo que no tiene ningún efecto, y no lo tiene por varias razones. En principio, un productor que tiene 65 hectáreas de maíz, para este sistema de bonificación de retenciones que plantea el Gobierno, es un productor grande, lo que representa una clara distorsión. Como segundo punto, un productor que genera setecientas toneladas de soja aporta en retenciones más de setecientos mil pesos y le van a devolver treinta y un mil, si es que todo sale viento a favor y confiáramos en que esto fuera verdad”, analizó.
El dirigente observó que el plan “tampoco contempla la posibilidad de transparentar la venta de trigo, con lo cual le prometen al productor triguero la devolución parcial de retenciones de algo que no puede vender”.
“A nuestro entender es fundamental no caer en las mentiras y los manotazos de este fin de ciclo, trabajar fuerte en el futuro que, sin lugar a duda,  gane quien gane las próximas elecciones, el cambio se dará inexorablemente”, afirmó Esponda.

“Es otra  mentira”
Rosana Franco, productora agropecuaria y criadora de ganado, sostuvo que el boceto dado a conocer por Cristina  “es una mentira que avala la Federación Agraria”, porque “lamentablemente esta segmentación que la FAA tanto reclamaba no tiene nada que ver con los anuncios de la Presidenta”.
“La Federación pretendía que las retenciones aplicadas hasta seiscientas toneladas de producción fueran devueltas en su totalidad, mientras que acá les van a devolver el cincuenta por ciento en el caso de alguien que tenga hasta cien toneladas, o sea tres camiones de soja, y de ahí para arriba hay una tabla. Pero la cuestión es que a un productor que tiene cien toneladas de soja, le llevan prácticamente 88.000 pesos porque la retención que hoy tiene esa oleaginosa por cada mil kilos es alrededor de ochocientos pesos. Para ellos, el Gobierno promete reintegrar la mitad, pero a más toneladas de soja, es mucho menos lo que corresponde. Consecuentemente, un  productor de doscientas o trescientas toneladas, el gobierno le va a devolver once mil o doce mil pesos. Si esta es la segmentación que pidió la Federación, es una vergüenza. Y lo dice alguien que es afiliada a esa institución. Es un anuncio más político que económico”, aseveró enojada Franco.
También cuestionó el sistema puesto en vigencia para que los potenciales beneficiarios puedan acceder al reintegro: “Se va a pagar los 15 de cada mes, previo a eso hay que inscribirse en la Secretaría de Comercio, pero hasta las 10 de la mañana de hoy (por el jueves) la página web no estaba habilitada. Redondeando, es otra mentira más. Teóricamente el 15 de abril empiezan a pagar y tendremos que esperar a ese día para ver qué pasa”, manifestó.

“Son parches transitorios”
En el plan presentado por el Gobierno también se anunció la creación del Régimen de Recomposición del Pequeño Productor Lechero, con un pago de 30 centavos para tambos de menos de 2900 litros por día, por un monto de hasta 350 millones de pesos que beneficia a unos 8.500 tambos de todo el país.
Gastón Guibelalde, de vasta experiencia como productor tambero en Junín y la zona, expresó: “Ya tuvimos otro momento de subsidios, hace alrededor de tres años, que son parches transitorios que no sirven para dar señales de largo plazo”.  “Que la lechería argentina está en crisis lo prueba un  hecho que es contundente, y es que en diez años no creció un solo litro la producción, cuando todos los países lecheros del mundo (el ejemplo más cercano que tenemos es Uruguay, que se transformó en un jugador internacional de mucha importancia) continuaron su desarrollo. La lechería está siendo viable solamente porque el precio del maíz en la Argentina es muy bajo, producto del cierre de los mercados, y lo mismo pasa con las producciones de vacunos, porcinos y pollos, que están sustentando su rentabilidad en lo barato que está el maíz”, le dijo Guibelalde a este diario.
El especialista apuntó además que hay una tendencia natural al cierre de tambos porque, como en toda actividad, “en la lechería van aumentando las escalas mínimas producto del avance tecnológico, del incremento de los costos y demás”.
Pero la lechería es una actividad de largo plazo, entonces necesita señales serias porque todas las inversiones son muy específicas. Los productores chicos, que tienen dificultades para reinvertir e ir manteniéndose, si no reciben incentivos fuertes van abandonando el ruedo”, aseguró.  
 
"Nos sentimos traicionados"
No menos crítico fue el análisis formulado por Oscar Aguirre, titular de la Federación Agraria Argentina Filial Junín, una entidad cuya jurisdicción se extiende por todo el norte bonaerense y el sur santafesino.
Consultado por este medio, Aguirre admitió que dentro de la institución que él conduce existe un fuerte malestar por el acuerdo al que arribaron los popes máximos de FAA a nivel país y el Gobierno.
"Hay un descontento bastante generalizado porque si empezamos a sacar la cuenta, el productor que cuenta con cien toneladas no llega a cubrir las retenciones que tiene. Esto no sirve de nada, estamos muy disconformes con las cosas que se han hecho", sentenció Aguirre.
El dirigente aclaró que "los que avalan son los integrantes del Consejo Directivo central de FAA, que no son muchos". "En realidad, las bases estamos más o menos en la misma posición, nos sentimos un poco traicionados. Desde 2008 hasta ahora no nos han dado nada y ahora usan los medios para decir que están dando mucho, pero en verdad ocurre todo lo contrario. Son migajas que no sabemos si las vamos a cobrar", dijo Aguirre.

"Es un engaña pichanga"
A su vez, el presidente de la Sociedad Rural de Lincoln Aníbal Fernández, se pronunció en contra de las retenciones segmentadas concebidas por el kirchnerismo. Según su punto de vista, "es mucho más sencillo bajar las retenciones y no decir que van a devolver una plata que nadie sabe ni cómo ni cuándo le va a ser reintegrada."
"Aparte, vos el dinero lo necesitás cuando vendés los cereales, no cuando a ellos se les ocurre dártelo. Otra realidad es que mucha gente de esa que está contemplada en el plan no tiene ni cuenta corriente, todos pensamos que es un engaña pichanga", graficó Fernández. 

Todo sigue igual
Con la recepción negativa que tuvieron las medidas promovidas por el Gobierno, la factibilidad de un acercamiento entre el campo y del Poder Ejecutivo parece volver a disiparse.
Es más, los chacareros locales y zonales se incluyen dentro del grupo de los que piensan que deben continuar las manifestaciones en contra de las políticas que se vienen implementando desde la esfera más alta del Estado.
A principios de este mes, los productores realizaron huelga comercial de tres días en protesta por las políticas intervencionistas oficiales.
La Sociedad Rural Argentina (SRA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Coninagro resolvieron el “cese de comercialización que afectará la compraventa de granos y de hacienda en pie. Las tres entidades añadieron que “los productores de las economías regionales y de la lechería adoptarán medidas similares”.